Guanajuato, Guanajuato.- Una cuarta parte de los municipios guanajuatenses forman parte de la denominada “zona silenciada” para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, problemática cuyas agresiones se concentran principalmente en el corredor industrial. Autoridades estatales presentaron el Atlas de Riesgo relacionado con esta labor, el cual es considerado único en México. Esta herramienta busca visibilizar y atender los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la entidad, donde las agresiones han ido en aumento y se han vuelto motivo de preocupación tanto para las autoridades como para la sociedad civil.
Durante el informe anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, rendido este miércoles en el Parque Guanajuato Bicentenario, se reveló que los 11 municipios con mayor incidencia son encabezados por Irapuato, con 48 casos de agresiones; seguido de León, con 28; y Celaya, con 26. Estos municipios, ubicados en el corredor industrial, concentran el mayor número de ataques y amenazas, lo que ha generado un clima de inseguridad y autocensura entre los comunicadores. El informe destaca que la situación es alarmante y requiere acciones concretas para garantizar la libertad de expresión y la protección de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que la consultoría encargada de elaborar el mecanismo identificó que esta problemática también obedece a contextos de seguridad presentes en determinadas zonas o regiones, por lo que destacó la importancia de visibilizarlas. “Estamos presentando un mecanismo, un instrumento que es único en el país. Es un ejercicio inédito en donde no se oculta información; de nada nos serviría querer cerrar los ojos ante una problemática que existe en el estado… Se establecen once zonas de silencio”, expresó la mandataria, enfatizando que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para enfrentar el reto.
Actualmente se encuentran vigentes 83 medidas de protección estatal, además de las 90 personas incorporadas al Mecanismo Federal. Entre las acciones más utilizadas destacan los números de emergencia, los rondines domiciliarios, los servicios de vigilancia en viviendas, así como los esquemas de escoltas y acompañamiento. Estas medidas buscan dar respuesta inmediata a las situaciones de riesgo y brindar un entorno más seguro para que periodistas y defensores puedan continuar con su labor sin temor a represalias. Las autoridades aseguraron que el monitoreo es permanente y que se busca fortalecer los mecanismos existentes para una protección más efectiva.
Entre los casos más recurrentes sobresalen 83 amenazas, 21 agresiones físicas, 19 actos de intimidación y 18 situaciones de riesgo derivadas de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos. Asimismo, se han documentado 105 incidencias en contra de hombres (51 por ciento), 90 en contra de mujeres (43 por ciento) y 12 contra personas de género diverso (6 por ciento). El Atlas de Riesgo es público y está disponible a través del micrositio de internet del Consejo Estatal, lo que permite que tanto periodistas como la sociedad en general puedan consultar la información y conocer las zonas y situaciones de mayor peligro en el estado.
