La estrategia federal de seguridad ha mantenido a Guanajuato como una de sus prioridades principales debido a que la entidad permanece en primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, las acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales buscan reducir la incidencia de delitos de alto impacto, aunque los retos continúan siendo significativos para las autoridades. La situación ha generado un despliegue constante de elementos de la Guardia Nacional, así como la implementación de operativos especiales en las zonas con mayor incidencia criminal, como Celaya, Irapuato y León, donde se concentran la mayoría de los casos de violencia armada y enfrentamientos entre grupos delictivos.
Dentro de las estrategias implementadas, destaca la coordinación con las policías municipales, la instalación de bases de operaciones mixtas y la realización de patrullajes preventivos y cateos en puntos considerados focos rojos. Las autoridades han señalado que el trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional ha permitido avances en la detención de presuntos responsables de diversos delitos, así como el aseguramiento de armamento y vehículos utilizados en actividades ilícitas. Sin embargo, los representantes de organismos civiles han reconocido que la percepción de inseguridad persiste entre la población, lo que sigue siendo un desafío para las instituciones de seguridad pública.
En paralelo a las acciones de combate directo contra la criminalidad, la estrategia federal contempla medidas de prevención social y reconstrucción del tejido comunitario, especialmente en colonias y comunidades afectadas por la violencia. Programas de intervención social, talleres de prevención del delito y campañas de cultura de paz han sido puestos en marcha en colaboración con universidades, organizaciones civiles y dependencias como el INSMUJERES. Estas iniciativas buscan fortalecer la participación ciudadana, fomentar relaciones igualitarias y ofrecer alternativas educativas y laborales para los jóvenes, sectores considerados especialmente vulnerables ante el reclutamiento por parte de grupos delictivos.
El gobierno estatal, por su parte, ha reiterado la necesidad de contar con mayores recursos y apoyo por parte de la federación para hacer frente a la magnitud del problema. Yesenia Rojas Cervantes, representante de migrantes guanajuatenses, ha señalado que mientras en Estados Unidos se refuerzan las políticas de seguridad y control migratorio, en México persiste un debilitamiento de las capacidades gubernamentales ante la falta de apoyos y recursos, lo que impacta negativamente en la atención a comunidades migrantes que retornan a la entidad en busca de mejores condiciones de vida y seguridad.
Mientras tanto, las autoridades estatales y federales han sido llamadas desde el Congreso de Guanajuato a intensificar las acciones de prevención y vigilancia, no solo para combatir el crimen organizado, sino también para atender problemáticas emergentes como los contagios de parásitos que afectan tanto a la fauna como a personas en la región. La exigencia principal de los legisladores y sociedad civil es que la estrategia de seguridad se mantenga como una prioridad, con un enfoque integral que combine la acción policial, la procuración de justicia y la prevención social, con el objetivo de devolver la tranquilidad a las familias guanajuatenses y mejorar la percepción de seguridad en la entidad.
